El 22 de noviembre de 1949, a través del Decreto 29337, el Presidente Juan Domingo Perón suspendía el cobro de los aranceles universitarios.
 Esta medida sentó un gran precedente en términos de igualdad en América Latina, dado que reconoció el derecho universal a la educación superior permitiendo el acceso de las personas de bajos recursos y provenientes de familias obreras, a los estudios de grado superior.
Se trató de una política de Estado que amplió la base social del estudiantado.
El  Art. 37, establecia que “la orientación profesional de los jóvenes (…) es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad, con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad”.
En el mismo texto el Estado encomendaba a las Universidades “la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación”.
Cabe recordar que la suspensión del cobro de aranceles permitió aumentar la matricula exponencialmente año tras año, tal como muestran los datos del Ministerio de Educación de la Nación. Si para el año 1945 la matrícula era de 47.400 estudiantes, en 1950 ascendía a 80.445, en 1955 se ubicaba en 138.317, en 1960 escalaba 160.047 y así sucesivamente hasta mediados de la década de 1970.
La educación superior iguala política, social y culturalmente y permite incluir a los sectores más vulnerables del entramado social. La gratuidad   sostiene la responsabilidad del Estado en el financiamiento de la educación superior asegurando el ingreso, permanencia y egreso de los y las estudiantes.

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