En el Teatro Español se realizó una charla debate sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que propone modificaciones en distintas normas vinculadas con la propiedad, la tierra y otros bienes de la naturaleza.
Del encuentro participaron Renata Hiller, Gonzalo Calvo y Alberto Vázquez, docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) que analizaron el impacto de las modificaciones propuestas sobre la propiedad y los bienes naturales.
El docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB, Alberto Vázquez, se refirió a los principales aspectos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió sobre sus posibles consecuencias en materia territorial, explicó que la iniciativa introduce modificaciones en distintas leyes vinculadas con la propiedad, la tierra y otros bienes de la naturaleza. Según señaló, sus diversos capítulos buscan agilizar los procesos de desalojo, limitar la capacidad de intervención del Estado sobre bienes privados, modificar las restricciones para el desarrollo de negocios inmobiliarios y productivos en áreas afectadas por incendios y flexibilizar los límites a la propiedad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
En ese sentido, destacó que numerosos actores de la sociedad provincial y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco se han pronunciado en contra del proyecto y en defensa de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional. Recordó que esta norma, sancionada en 2011, junto con sus decretos reglamentarios 274/2012 y 820/2016, reguló la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El investigador explicó que el marco normativo vigente prohíbe la adquisición de determinados inmuebles estratégicos y establece límites de acuerdo con las unidades político-administrativas, la nacionalidad y la superficie que puede adquirir una persona física o jurídica. Además, indicó que las provincias definieron sus propias superficies máximas mediante decretos sancionados entre 2013 y 2017. Para Vázquez, sostener estas restricciones resulta fundamental para evitar la concentración de la propiedad de la tierra en manos de capitales extranjeros, resguardar la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos y promover un uso del territorio orientado al interés público y al buen vivir.
En particular, señaló que las modificaciones sobre los desalojos, la regulación de las áreas afectadas por incendios y la intervención estatal sobre bienes privados adquieren especial relevancia en la Patagonia. “Se trata de una región caracterizada por la existencia de vastos territorios con baja densidad poblacional, una alta concentración de bienes de la naturaleza considerados estratégicos y una larga historia de conflictos y desventuras vinculadas a la tierra”, sostuvo Vázquez.
Finalmente, planteó que la reducción de las herramientas estatales de regulación y planificación podría profundizar los procesos de concentración, especulación y apropiación privada de bienes comunes. También alertó que esa situación debilitaría la capacidad de las comunidades locales, los pueblos indígenas y los gobiernos provinciales y municipales para participar en las decisiones sobre el futuro de sus territorios.
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