Las instituciones académicas hemos sufrido en el pasado de forma reiterada y habitual este tipo de percusiones. Estas prácticas antidemocráticas e ilegales merecen ser reprobadas por el conjunto de la sociedad en pos de defender la vida democrática de nuestro país. Y los responsables de poner esos valores en riesgo deberán ser sancionados con la mayor severidad prevista por nuestras leyes.

Las fuerzas de seguridad y las agencias del Estado deben estar al servicio del pueblo y jamás para la persecución y la afectación de los derechos de los ciudadanos por sus ideas o su actividad política, gremial o académica. Sostenemos y defendemos desde las universidades públicas los valores de la libertad, de la pluralidad de ideas y del pensamiento crítico.

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